Somos una red de redes de la sociedad civil con un compromiso público y común de participar decididamente en todo lo que contribuya al derecho a la educación de calidad.
Estamos convencidos de que, siendo la educación de calidad un derecho fundamental, el alcance de su ejercicio pleno es asunto de todas y todos, e implica el cumplimiento exigible de las responsabilidades de cada uno.
Nos pronunciamos a favor de la educación pública obligatoria, gratuita y laica, finalizada al pleno desarrollo de la persona y de su participación libre en sociedad, entendiendo a la democracia como forma de vida, tal como se consagra en el Artículo Tercero de la Constitución, y más allá del texto legal, en su efectiva realización según los criterios de inclusión y calidad.
Coincidimos en que el Estado, a través de la agencia de las autoridades legítimamente constituidas, debe mantener la rectoría de la educación nacional, bajo el escrutinio de los ciudadanos y sin ceder esta conducción a los intereses partidistas o de corporaciones privadas o gremiales.
Creemos en el cambio social no violento, razonado y corresponsable, en el que los grupos y personas manifiestan su acuerdo sin subordinación, su disenso sin hostilidad y su propuesta con argumentos y evidencia.
Manifestamos que nos reunimos en el libre ejercicio del derecho a la participación, como titulares con atribuciones ciudadanas para expresar nuestro parecer, proponer soluciones y acuerdos, evaluar medidas y políticas, emplazar a rendir cuentas a los funcionarios y sumarnos en acciones conjuntas con la autoridad a favor del desarrollo nacional en el campo educativo.
Estamos convencidos de que, siendo la educación de calidad un derecho fundamental, el alcance de su ejercicio pleno es asunto de todas y todos, e implica el cumplimiento exigible de las responsabilidades de cada uno.
Nos pronunciamos a favor de la educación pública obligatoria, gratuita y laica, finalizada al pleno desarrollo de la persona y de su participación libre en sociedad, entendiendo a la democracia como forma de vida, tal como se consagra en el Artículo Tercero de la Constitución, y más allá del texto legal, en su efectiva realización según los criterios de inclusión y calidad.
Coincidimos en que el Estado, a través de la agencia de las autoridades legítimamente constituidas, debe mantener la rectoría de la educación nacional, bajo el escrutinio de los ciudadanos y sin ceder esta conducción a los intereses partidistas o de corporaciones privadas o gremiales.
Creemos en el cambio social no violento, razonado y corresponsable, en el que los grupos y personas manifiestan su acuerdo sin subordinación, su disenso sin hostilidad y su propuesta con argumentos y evidencia.
Manifestamos que nos reunimos en el libre ejercicio del derecho a la participación, como titulares con atribuciones ciudadanas para expresar nuestro parecer, proponer soluciones y acuerdos, evaluar medidas y políticas, emplazar a rendir cuentas a los funcionarios y sumarnos en acciones conjuntas con la autoridad a favor del desarrollo nacional en el campo educativo.
